Al ser personas pro-vida, no podemos aceptar el riesgo de una condena equivocada, que tenga como consecuencia la ejecución de una persona inocente. Hasta el momento siete personas han sido exoneradas de la pena de muerte en Georgia. La imposición de la pena de muerte está plagada de prejuicios raciales e injusticias para los acusados. El estándar para demostrar una discapacidad intelectual en el estado de Georgia es uno de los más difíciles en la nación, poniendo en riesgo la posibilidad de sentenciar a personas con discapacidades intelectuales a la pena de muerte. Adicionalmente, millones de dólares son destinados a juicios de este tipo de casos, al encarcelamiento y al largo proceso de apelaciones. Este dinero debería ser usado para resolver otros crímenes, invertir en educación para prevenir el crimen, y en proveer más servicios a las víctimas y sus familias. El estado de Georgia es uno de los estados en el país que cuenta con un gran número de leyes pro-vida.

• La mayoría de personas en Georgia están a favor de la abolición de la pena de muerte

  Los resultados de una encuesta llevada a cabo del 19 al 23 de Diciembre, 2019, muestran que 56% de personas en Georgia están a favor de reemplazar la pena de muerte por una condena perpetua sin opción a libertad condicional. Solo el 33% se opone a abolir la pena de muerte y 11% se muestran indecisos. El margen de error en este estudio es de +/- 4 puntos porcentuales.

• Condenas equivocadas

  Al ser personas pro-vida, no podemos aceptar el riesgo de una condena equivocada, que tenga como consecuencia la ejecución de una persona inocente. Hasta el momento siete personas han sido exoneradas de la pena de muerte en Georgia.

• La pena de muerte es costosa

  Debido a los juicios de apelación que la Constitución manda, los juicios adicionales y los costos adicionales que se requieren para el encarcelamiento de un reo condenado a muerte, la pena de muerte tiene un costo mucho mayor para los contribuyentes de Georgia comparado con la alternativa de una condena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Este dinero debería ser usado para resolver otros crímenes, invertir en educación para prevenir el crimen, y en proveer más servicios a las víctimas y sus familias.